RESUMO
El abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes (NNyA) es una de las vulneraciones más graves de derechos contra la niñez y adolescencia y constituye un problema social, de salud y de justicia La magnitud del problema se ve en los números. La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación señala que las denuncias por violencia sexual representaron un 10% del total de las denuncias recibidas durante el 2019. En los casos de violencia sexual contra NNyA el porcentaje asciende a un 12%. En esta misma línea, del total de los casos que atendió el Programa las Víctimas contra las Violencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020, el 56,82% de los casos eran de NNyA1 (10.043 niñas, niños y adolescentes). Por otro lado, han ocurrido avances no sólo legislativos sino también institucionales y de gestión para mejorar el abordaje en estas situaciones, que incorporen de manera concreta procedimientos para proteger los derechos y la igualdad de género. Se cuenta, en este sentido, con protocolos de salud e intersectoriales, tanto a nivel nacional como provincial, que establecen estándares de atención para casos de abusos contra NNyA. Sin embargo, a partir de nuestra investigación2 constatamos que no existía un protocolo que permita estandarizar la articulación entre la actividad forense y clínico-asistencial, para la recolección, resguardo, preservación y cadena de custodia de evidencia biológica. El presente protocolo busca establecer criterios de trabajo y una metodología consensuada en materia probatoria respecto de los delitos sexuales contra NNyA. Fija estándares adecuados para la recolección, resguardo y preservación de la evidencia biológica, y enfatiza la importancia de que la toma de muestras se haga en forma oportuna en el marco de un abordaje integral de la situación, para así evitar la revictimización. Este protocolo modelo considera distintos escenarios según los recursos humanos y materiales disponibles en el lugar de la evaluación, y describe las condiciones mínimas para garantizar una evaluación adecuada que incluya el resguardo de la evidencia. En este sentido, este protocolo modelo pretende destacar la importancia de la participación del sector salud en articulación con el sector judicial, pues es usual que las víctimas llegan primero al ámbito asistencial sanitario y, por lo tanto, se requiere dar una respuesta estructurada en tres ejes esenciales: eficiencia, evitar la revictimización y el resguardo, cadena de custodia y documentacion de las muestras. De esta forma, se pretende dotar a todo el examen inicial de una visión asistencial que también pueda ser eficiente desde el punto de vista pericial.
Assuntos
Humanos , Masculino , Feminino , Criança , Adolescente , Padrões de Referência , Abuso Sexual na Infância , Violência Doméstica , Humanos , Criança , Adolescente , Guias como Assunto , Metodologia como Assunto , Equidade de Gênero , Direitos HumanosRESUMO
La Medicina Legal tiene entre sus misiones el diagnóstico de la tortura como forma de contribución a las investigaciones judiciales y a la reparación de las víctimas. En Uruguay se desarrollan numerosos procedimientos administrativos y criminales referidos al período del terrorismo de Estado (entre el 27 de junio de 1973 y el 28 de febrero de 1985). Si bien el delito de tortura es un delito de lesa humanidad imprescriptible, se tipificó en la Ley Nº 18.026 de 26 de setiembre de 2006. La jurisprudencia nacional ha desestimado su tipificación en los casos del período del terrorismo de Estado en base al principio de no irretroactividad de la ley penal. Paralelamente, la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad ha requerido numerosos informes respecto de la posibilidad de que los métodos de tortura aplicados por el terrorismo de Estado en Uruguay pudieran causar lesiones graves o gravísimas. Objetivo general: contribuir al conocimiento de los crímenes del terrorismo de Estado en Uruguay, aportando así a la realización de los estándares internacionales de verdad, justicia, memoria y reparación. Objetivos específicos: 1. Describir los métodos de tortura empleados. 2. Determinar su idoneidad para producir lesiones graves o gravísimas. Metodología: el estudio se basó en las investigaciones históricas nacionales sobre el terrorismo de Estado, así como en la jurisprudencia en la materia, la revisión de la bibliografía internacional, la fisiopatología de situaciones análogas y los actuales consensos nacionales sobre los supuestos fácticos incluidos en los tipos penales de lesiones graves y gravísimas. Resultados: en el período del terrorismo de Estado en Uruguay ha sido característica la aplicación de torturas a gran escala y en forma sistemática. Los métodos más habitualmente aplicados fueron el encapuchamiento, la privación de agua, alimentos y reposo, la exposición al frío, las golpizas, incluido el teléfono, el plantón, el colgamiento, el caballete, el submarino húmedo y seco, la picana eléctrica y las agresiones sexuales. Los distintos métodos de tortura física incluyen un sufrimiento psíquico. A través de mecanismos específicos, todos resultan idóneos para ocasionar daños que encuadran en diversos supuestos de los delitos de lesiones graves y gravísimas. En las mujeres embarazadas, todos estos métodos de tortura son eficaces para provocar el aborto o adelantar el parto. Conclusiones: existió un patrón en los métodos de tortura sistemática empleados por el terrorismo de Estado que incluyó métodos omisivos, posicionales, traumáticos, eléctricos, asfícticos y sexuales. Todos ellos pueden determinar uno o más de los supuestos comprendidos en los delitos de lesiones graves y gravísimas. El peligro de vida y las secuelas psicológicas son inherentes a la tortura. En las mujeres embarazadas, todos los métodos de tortura reseñados son eficaces para provocar el aborto o el adelantamiento del parto. (AU)
Among other missions, Legal Medicine aims to diagnose torture, as a means of contributing to judicial investigations and repair victims. In Uruguay, several administrative and criminal procedures are developed in connection to the times of state terrorism (between June 27, 1973 and February 28, 1985). Despite torture being an indescribable crime against humanity, it was typified in Act 18,026 of September 26, 2006. National jurisprudence has dismissed its classification in the cases that occurred during the times of state terrorism, based on the non-retroactivity principle of criminal law. Simultaneously, the Prosecutor's Office Specialized in Crimes Against Humanity has requested several reports in connection with the possibility that torture methods applied by State terrorism in Uruguay may have caused severe or very severe lesions. General objective: To contribute to learning about state terrorist crimes in Uruguay, thus contributing to the creation of international standards for truth, justice, memory and repair. Specific objectives: 1. To describe the torture methods applied. 2. To determine their ability to cause severe or very severe lesions. Method: The study was based on national history investigations, as well as jurisprudence in the field, review of international bibliography, pathophysiology of similar situtaions and current national consensus on fact assumptions included in the criminal classification of severe and very severe lesions. Results: The times of state terrorism in Uruguay have been characterized by the application of large scale torture in a systematic way. The most frequently used methods were hooding, restriction of water, food and rest, exposure to the cold, beating up, including "the phone", sitting in, hanging, vaults, wet and dry submarine, electric shock baton and sexual assaults. The different methods of physical torture include psychological suffering. By means of specific mechanisms, they are all useful to cause harm that lie within several assumptions of severe and very severe harm crimes. I pregnant women, all of these methods of torture are effective to interrupt pregnancy or anticipate delivery. Conclusions: There is a pattern in the systematic methods of torture used by state terrorism, which included methods involving omissions, positions, trauma, and electrical shocks and, suffocating. All of them may result in one or more of the assumptions included in the severe or very severe lesions crimes. Risk of life and psychological consequences inherent to torture. In pregnant women, all the methods of torture described are effective to interrupt the pregnancy or anticipate delivery.
Entre as missões da Medicina Legal se inclui o diagnóstico da tortura como forma de contribuição às investigações judiciais e a reparação das vítimas. No Uruguai foram desenvolvidos numerosos procedimentos administrativos e criminais referidos ao período do terrorismo de Estado (entre 27 de junho de 1973 e 28 de fevereiro de 1985). Embora o delito de tortura seja um delito de lesa humanidade imprescritível, este foi tipificado na Lei Nº 18.026 de 26 de setembro de 2006. A jurisprudência nacional rejeitou sua tipificação nos casos do período do terrorismo de Estado baseados no principio de não retroatividade da lei penal. Paralelamente, a Procuradoria Especializada em Crimes de Lesa Humanidade solicitou numerosos relatórios sobre a possibilidade de que os métodos de tortura aplicados pelo terrorismo de Estado no Uruguai pudessem ter causado lesões graves ou gravíssimas. Objetivo general: Contribuir ao conhecimento dos crimes do terrorismo de Estado no Uruguai, ajudando dessa forma o estabelecimento de padrões internacionais de verdade, justiça, memoria e reparação. Objetivos específicos: 1. Descrever os métodos de tortura empregados. 2. Determinar sua idoneidade para produzir lesões graves ou gravíssimas. Metodologia: O estudo foi realizado utilizando informação de pesquisas históricas nacionais sobre o terrorismo de Estado, bem como a jurisprudência na matéria, a revisão da bibliografia internacional, a fisiopatologia de situações análogas e os atuais consensos nacionais sobre os supostos fáticos incluídos nos tipos penais de lesões graves e gravíssimas. Resultados: No período do terrorismo de Estado no Uruguai foi característica a aplicação de torturas a grande escala e de maneira sistemática. Os métodos habitualmente mais aplicados foram o "encapuchamiento" (uso permanente de capuz ou venda nos olhos), a privação de água, alimentos e repouso, a exposição ao frio (geladeira), agressões físicas incluindo o "telefone", "plantón" (ficar em pé por períodos prolongados), pendurar pelos membros, "caballete" (montar sobre uma superficie afiada), afogamento úmido e seco, choque elétrico e as agressões sexuais. Os distintos métodos de tortura física incluem sofrimento psíquico. Através de mecanismos específicos, todos resultam idôneos para ocasionar danos que enquadram em diversos supostos dos delitos de lesões graves e gravíssimas. Nas mulheres grávidas, todos estes métodos de tortura são eficazes para interromper a gravidez ou adiantar o parto. Conclusões: Existiu um padrão nos métodos de tortura sistemática utilizados pelo terrorismo de Estado, que incluía métodos omissivos, posicionais, traumáticos, elétricos, asfixiantes e sexuais. Todos podem determinar um ou mais dos supostos compreendidos nos delitos de lesões graves e gravíssimas. O perigo de vida e as sequelas psicológicas são inerentes à tortura. Nas mulheres grávidas, todos os métodos de tortura descritos são eficazes para interromper a gravidez ou adiantar o parto.
Assuntos
Tortura , Violações dos Direitos Humanos , Uruguai , Medicina LegalRESUMO
El consentimiento informado como deber del médico y derecho de los pacientes está expresamente reconocido en la legislación nacional con especial énfasis a partir de la aprobación de la Ley N° 18.335 en el año 2008. Sin embargo, se han evidenciado dificultades en el proceso de información y obtención del consentimiento. Mediante un cuestionario cerrado, anónimo y autoadministrado se consultó a pacientes operados sobre qué aspectos de la información consideraban relevantes conocer y qué conocimiento tenían sobre el derecho a ser informados. Más del 80% de los entrevistados manifestó el interés en contar con información sobre alternativas terapéuticas y sobre las complicaciones más frecuentes de la intervención. Asimismo, creyeron pertinente contar con la descripción del procedimiento al que serán sometidos y las opciones de modificar el tipo de cirugía durante la operación. Menos del 10% explicitó el interés en ser informado sobre el riesgo de muerte, la posibilidad de reintervenciones y en recibir información mediante figuras e imágenes ilustrativas del procedimiento. Se destaca que nueve de cada diez entrevistados admitieron conocer su derecho a ser informados sobre diferentes aspectos del acto quirúrgico y que casi la mitad (48%) consideró que debe confiar en las decisiones del médico sin importar la cantidad de información recibida.
Informed consent as the physician´s obligation and the patient's right is expressly recognized by the national law, mainly as from 2008, when Act Number 18335 was passed. However, certain difficulties have been seen in the information process and in connection with obtaining consent. Patients who underwent surgery were consulted by means of a closed, anonymous and self-administered survey as to the specific aspects they considered relevant to know and how familiar they were with their right to be informed. Over 80% of the patients in the survey stated they were interested in learning about treatment alternatives and the most frequent complications arising from treatment. Likewise, they thought it would be appropriate to know about the procedure they would undergo and the options available to modify the kind of surgery once it had started. Under 105 of patients stated they were interested in learning about life-threatening risks, the chance of a needing to operate again and receiving information through pictures and illustrations showing the procedure. The study points out 9 out of ten patients admitted they knew about their right to be informed about different aspect of the surgery and that almost half of them (48%) stated they needed to trust the decisions made by physicians, regardless of the quality of the information received.
Ele informou o dever do médico e paciente lei consentimento é expressamente reconhecido pela legislação nacional, com ênfase especial a partir da adoção da Lei nº 18.335, em 2008. No entanto, eles têm demonstrado dificuldades no processo de informação e obter consentimento. Através de um questionário fechado, anônimo e autoadministrado, os pacientes operavam quais aspectos da informação que consideravam relevantes para conhecer e quais os conhecimentos que tinham sobre o direito de serem informados. Mais de 80% dos entrevistados manifestaram interesse em ter informações sobre alternativas terapêuticas e sobre as complicações mais frequentes da intervenção. Da mesma forma, consideraram pertinente a descrição do procedimento a que serão submetidas e as opções para modificar o tipo de cirurgia durante a operação. Menos de 10% manifestaram interesse em ser informado sobre o risco de morte, possibilidade de reintervenções e recebimento de informações através de figuras e imagens que ilustram o procedimento. Ele destaca que nove em cada dez inquiridos admitiram a conhecer o seu direito de ser informado sobre os diferentes aspectos da cirurgia e quase metade (48%) considerou deve confiar nas decisões do médico, independentemente da quantidade de informações recebidas.
